Las
autoridades españolas han capturado y acusado ya a más de 200 personas
por su participación en una gigantesca red de piratas informáticos,
donde un ciudadano argentino, Matías Bevilacqua, es la figura clave por sus avanzados conocimientos y destrezas, que le permiten penetrar en cualquier computadora y piratear todo su contenido.
Para
cumplir estos objetivos, el hacker cobraba unos dos mil quinientos
euros, con el pretexto de tener que mantener bajo soborno a una amplia
red de informantes y técnicos de computación que trabajaban en importantes organismos públicos y en empresas privadas claves,
entre ellas una conocida operadora telefónica supranacional con
presencia en Caracas y de una prestigiosa tarjeta
de crédito internacional.
Para facilitar sus actividades, Bevilacqua compraba bases de datos de empresas especializadas.
Entre
los clientes de Bevilacqua se registraron casos de quienes cancelaron
hasta treinta mil euros por un informe completo sobre la posición de una
empresa concreta en el mercado, o de algún importante
contribuyente de partidos de oposición gubernamental, como parece haber
sido el caso de Venezuela.
Según nuestros
informantes, en Barcelona, donde se está manejando el epicentro de
este escándalo, las relaciones del hacker argentino con el gobierno
bolivariano de Hugo Chávez se hicieron al amparo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.
El
pretexto fue un taller de Bevilacua entre octubre y noviembre de 2010
dado en Caracas sobre Gerencia de seguridad e información, organizado por el Sistema Nacional de Gestión de Incidentes tele maticos VenCERT.
Los
conocimientos del ingeniero Bevilacqua también le permitieron hacer un
trabajo similar para el CERT español donde, con un cargo de director,
coordinó a nivel internacional el proyecto europeo EISSP, financiado con
fondos comunitarios y cuyo objetivo final fue la creación de una red de seguridad informática europea.
En el momento de su detención tenía en sus bolsillos 140 mil euros en efectivo y dijo que se trataba de pagos de sus clientes.
Consultado por los periodistas sobre su cercanía con el gobierno de Chávez, tácitamente aceptó la relación al decir que no acostumbraba dar detalles sobre sus clientes, amparándose en la confidencialidad de sus servicios.
A todo esto, el silencio en el alto Gobierno venezolano es muy espeso y difícilmente se podrá saber quiénes fueron haqueados y qué tanto daño se puede haber infringido a las víctimas,
puesto que entre las labores del hacquer existía la posibilidad
de modificar informaciones y de sembrar documentos comprometedores.
La “Operación Pitiusa”,
como se conoce el procedimiento que permitió la detención de los
piratas informáticos, ha logrado detectar que en Venezuela está en
marcha un proyecto de seguridad informática del gobierno, que no descarta la posibilidad de violar la privacidad de la data y las comunicaciones de los opositores, basándose en una discutida doctrina de seguridad nacional.
“Operación Pitiusa” se parece bastante a “Pitiyankee” ¿o no?
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